Lo que hemos tenido en los últimos 20 o 25 años ha sido un gran crecimiento económico, pero un decrecimiento institucional, si se puede decir así; salvo en algunos aspectos en los que sí ha habido mejoras institucionales. Como en todo lo que tiene que ver con la división de poderes, en comparación con el régimen de Fujimori.

"Lo que ha ocurrido a partir del año 2000 es que hemos pasado de un Estado centralizado, manejado con fuerza, a un Estado excesivamente descentralizado, anarquizado, feudalizado. Tenemos una feudalización política muy grande".

Exactamente. Pero no solo corrupción. Es también el avance de mafias organizadas. Por ejemplo, del narcotráfico, de la tala ilegal, de la minería ilegal, pero también de mafias de proveedores de los gobiernos regionales, mafias de extorsionadores, mafias de invasores de terrenos, mafias de construcción civil. Habría que hacer una tipología del conjunto de mafias que existen y que se articulan muchas de ellas entre sí.

"No solo no se está dando suficiente batalla contra la ilegalidad, sino que la batalla se está perdiendo". 

Esa es una alternativa, la más radical, que es muy difícil de ejecutar. Pero sí se puede depurar el 10% o 15%, o un cierto porcentaje de la policía. Se necesita, luego, de que el Poder Judicial no los reponga. Tú los despides, los cesas y el Poder Judicial los repone. Eso está ocurriendo ahora con los directores en el sector Educación.

Además, tienes que reconstruir la investigación y la inteligencia policial. Se debe incorporar a gerentes públicos. Hay que tercerizar todo lo que se pueda tercerizar en la administración. Es decir, el manejo de la logística, los patrulleros. Debes tener gerentes públicos, y no policías como gerentes. Los policías a su labor. En fin, es toda una reestructuración que hay que hacer. Y también en el sistema penitenciario. Como sabemos, las cárceles son escuelas, fábricas, los headquarters, las oficinas centrales del crimen. Eso tiene que terminar.

Hay una reforma fundamental pendiente que debería unir el sistema judicial, el policial y el penitenciario. No funciona la relación entre los tres. Hay que mejorar el nuevo código procesal penal, que ha sido un avance en cierto sentido, porque ha permitido más celeridad e impunidad. Como es tan garantista, los policías no tienen los medios para probar los delitos y sueltan a los que delinquen. El problema está en que no hay atención primaria de la justicia, así como no hay atención en salud.

La victimización en el Perú es la más alta en América Latina por culpa de la pequeña delincuencia que te roba todo, y todo el tiempo. Lo capturan (al delincuente) y lo sueltan al toque, porque no reúne los requisitos para tener una pena de cuatro años, que es lo que se necesita para pasar a una cárcel, a una cárcel que te gradúa de delincuente para siempre.

Lo que se necesita es un sistema de pequeños centros de detención municipales o vinculados a las comisarías, donde al pequeño delincuente, una vez que ha sido capturado, sea juzgado por un juez municipal o en la misma comisaría, y lo mete en la cárcel, como ocurre en Estados Unidos o en otros países. La primera vez, una semana. La segunda vez, por reincidencia, un mes. La tercera o la cuarta, ya lo mandas a Lurigancho, o a donde sea. Pero con asistentes sociales, psicólogos que ayuden a la familia. En fin. Estamos hablando de un sistema que ataque en sus raíces el delito. Esa es una reforma fundamental. 

"Hay una reforma fundamental pendiente que debería unir el sistema judicial, el policial y el penitenciario. No funciona la relación entre los tres".

La clase política está embarcada en una guerra de insultos y ataques, desgraciadamente alimentada por el propio Gobierno. Se dio el diálogo, no pasaron ni 24 horas y el presidente Humala salió a atacar nuevamente a los partidos y políticos tradicionales, para decir que eran una sarta de ociosos y que se habían enriquecido con la política. ¿A quién se refería? A Alan García. Eso, al día siguiente del diálogo.

No puedes sentarte con tranquilidad a abordar los temas fundamentales si estás envuelto en una guerra de insultos y de ataques permanentemente, y que vienen desde el propio Gobierno. Ese diálogo podría, si se lleva adelante, tomar decisiones urgentes. Por ejemplo, proponer una ley que permita detener preventivamente a los organizadores de la marcha de Pichanaki. A estos etnocaceristas, agitadores, extremistas, que cometen delito, incluso para preparar esas cosas. Planificar el bloqueo de una carretera es un delito. Forzar a la gente, bajo amenazas y extorsiones, es un delito. Esa gente tiene que ser capturada “antes de”. Se necesita una ley que facilite al Estado poner orden. Una ley que le permita a la policía depurarse, sin necesidad de que los jueces respondan. Son dos o tres decisiones inmediatas que podrían tomarse en ese diálogo, porque requiere posición política, que demuestre que la democracia no es débil, boba, y que sí puede organizarse y tomar decisiones.

Es la hora de la demagogía. El gobierno cede y expulsa a Pluspetrol de Pichanaqui. Eso es un incentivo para que se multipliquen los Pichanaquis. Si el gobierno o el presidente Humala va a seguir insistiendo en atacar a la oposición por defender a Nadine, lo único que se va a crear es un clima encrispado, enervado, un caldo de cultivo para que florezcan todas esas acciones y desestabilizaciones regionales.

Se necesita realmente un alto al fuego y abordar dos o tres decisiones claves. Se necesita, además, reconstruir el sistema de partidos y la descentralización. Eso es fundamental.

"Se ha adelantado el cronograma electoral. El gobierno ya no está pensando en las reformas que se requieren, o en resolver los problemas fundamentales del país, sino está pensando en qué hacer para quedar bien en las próximas elecciones".